Contraloría detectó deficiencias en sistemas de televigilancia en municipios de RM y Biobío
13.03.2026 / 08:47
El ente contralor verificó una serie de incumplimientos en los sistemas de televigilancia. Instruyó sumarios, la adopción de medidas correctivas y la regularización de los procedimientos.
Debido a ello, el ente contralor instruyó que se adopten medidas correctivas, que se regularicen los procedimientos y que se inicien sumarios.
Problemas en la televigilancia en RM y Biobío
A ello se suma que había 7 cámaras que se mantenían sin operación por meses, incluso por más de un año, y 12 “cámaras lectoras de patentes no estaban conectadas al sistema de encargo y búsqueda de vehículos. Tampoco se acreditaron mantenciones preventivas del proveedor”.
Contraloría detectó deficiencias en sistemas de televigilancia en municipios de RM y Biobío/Agencia Uno
Mientras que en Lo Prado se evidenció una “falta de cumplimiento normativo del municipio”.
Y se detectó la emisión de tres certificados que no contenían fecha ni firma, “adjudicando licitaciones por $10.321.227; y efectuó contrataciones directas por $29.273.650, sin términos de referencia o especificaciones técnicas”.
Esto, tras verificar la “falta de respaldo en la asignación de puntajes y en el criterio de servicio postventa, lo que incidió en la contratación de la empresa adjudicataria, cuya oferta era la más costosa” y “la falta de acreditación de mantenciones preventivas comprometidas y la ausencia de multas por incumplimientos”.
El ente contralor también detectó que no había respaldo de la entrega de 53 chaquetas softshell, 171 poleras, 21 pares de botas, 48 poleras y 74 pantalones, por un total de $5.207.196. Además, se verificó la existencia de 12 motocicletas inutilizadas por falta de mantenimiento.
Contraloría detectó deficiencias en sistemas de televigilancia en municipios de RM y Biobío/Agencia Uno
Y “en el caso de un vehículo y 10 motocicletas, no tenían la revisión técnica al día. En otras 8 motocicletas, no se acreditó la revisión técnica vigente, pese a contar con permiso de circulación”.
En el caso de Maipú se constató que 29 cámaras estuvieron 15 días o más meses de 2024 sin funcionamiento, “incluso uno de los aparatos registró 302 días sin funcionar. Este fue uno de los hallazgos del Informe Final N°171 de 2025 que también evidenció que, en la recuperación de espacios públicos, uno de los operativos carece de la fecha de recepción de los bienes”.
Sobre personas en situación de calle, campamentos y rucos, “el municipio no acreditó la realización de operativos o la eventual coordinación con otras entidades para llevarlos a cabo”.
A ello se suma la detección de falta de control de las actas que respalden los patrullajes realizados. Por estas y otras razones, el municipio deberá instruir un sumario”.
En San Miguel, la Contraloría dio cuenta de la entrega de “18 permisos precarios para comercio ambulante sin que cumplieran los requisitos de la Ordenanza Municipal. A su vez, 43 permisos precarios otorgados no tenían autorización y 11 no habían presentado la solicitud”.
Respecto a “los decomisos efectuados por actividades comerciales no autorizadas y sin permiso municipal, la entidad edilicia no entregó en 22 casos las actas de decomiso y la acreditación del destino de las especies incautadas. También se advirtió que en 2025 no realizó decomisos por no contar con un espacio habilitado para el resguardo de las especies”.
También “se advirtieron inconsistencias entre los datos registrados en el sistema GPS de cuatro vehículos de la Dirección de Seguridad Pública y las respectivas bitácoras”.
Contraloría detectó deficiencias en sistemas de televigilancia en municipios de RM y Biobío/Agencia Uno
Junto con ello, hay “varias cámaras” que están fuera de servicio por períodos de tiempo prolongados y “dispositivos destinados a la detección de vehículos con encargo por robo no han sido utilizados desde 2024”.
El organismo contralor también verificó que hay “18 cámaras destinadas a resguardar galerías comerciales del centro de Concepción, financiadas por Prevención del Delito por $54.948.000; no se encuentran operativas por problemas de conexión con el sistema municipal. Pese a ello, la Subsecretaría aprobó la rendición del proyecto, contraviniendo la Política Nacional de Seguridad Pública”.
Mientras que en Coronel se evidenció que “de las 132 cámaras de televigilancia, 54 tienen contrato de mantenimiento vigente. Los 78 casos restantes no tienen mecanismo de soporte permanente”.
También se detectó que la central de televigilancia cuenta con un único operador por turno, responsable del monitoreo de 132 cámaras existentes, contraviniendo las recomendaciones de Carabineros.
En Talcahuano, la Contraloría reveló que, de un total de 64 cámaras instaladas, había 50 inoperativas. De ellas, 18 han estado fuera de servicio por más de un año.
Entre agosto de 2023 y enero de 2025, “la central de televigilancia recibió 106 solicitudes de revisión de cámaras por parte de Carabineros, la PDI, Juzgados de Policía Local y Seguridad Municipal. No obstante, en 65 de estos casos no se obtuvo material útil para las investigaciones de delitos o accidentes, debido a cámaras inoperativas y fallas técnicas”.