No es una resurrección del modelo: es la cura del estado subsidiario

Hemos visto un Estado sobredimensionado, capturado por operadores políticos, donde empresas públicas acumulan pérdidas impensadas mientras sostienen sueldos estratosféricos, incluso cuando gestionan mal. Todo ello financiado por los mismos ciudadanos a quienes se les exige más impuestos, más sacrificios y más paciencia.

La verdadera motivación de la ciudadanía jamás estuvo en planes refundacionales ni en discursos grandilocuentes sobre nuevas formas de organización social. Lo que la gente ha buscado siempre —y sigue buscando— es acceder a la casa propia, contar con un empleo digno que permita dar tranquilidad y proyección a su familia, y vivir con la seguridad de que su esfuerzo no será permanentemente castigado ni condicionado por la arbitrariedad del poder político.

El problema nunca ha sido el individualismo, sino el egoísmo que emana del propio Estado cuando la voluntad de quien ejerce el poder pretende imponerse al ciudadano. Es precisamente allí donde se reivindica el Estado Subsidiario, pese a las múltiples caricaturas que se han construido en su contra. En lo esencial, este principio reconoce el legítimo derecho de las personas a levantarse sobre sus propios pies.

Dicho de forma simple, implica permitir que cada persona pueda construir su proyecto de vida sin depender del favor de un burócrata, sin someterse al criterio cambiante de un funcionario ni a la lógica del subsidio permanente. La ciudadanía no quiere un Estado que la dirija; quiere un Estado que la respete.

Hemos visto un Estado sobredimensionado, capturado por operadores políticos, donde empresas públicas acumulan pérdidas impensadas mientras sostienen sueldos estratosféricos, incluso cuando gestionan mal. Todo ello financiado por los mismos ciudadanos a quienes se les exige más impuestos, más sacrificios y más paciencia.

Persistir en sostener estructuras inviables solo para mantener empleos que no se sostienen por sí mismos no es justicia social; es irresponsabilidad fiscal y una falta de respeto al esfuerzo de millones de chilenos. Y eso la ciudadanía lo ha entendido con claridad. Lo ha rechazado en las urnas, en el debate público y en su creciente desconfianza hacia una élite política que predica igualdad, pero administra privilegios.

Resulta insostenible mantener los privilegios existentes en el aparato estatal a costa del sacrificio de emprendedores y trabajadores.

La ciudadanía no está pidiendo milagros ni utopías. Está pidiendo claramente algo mucho más razonable: que la dejen trabajar, decidir y vivir tranquila. Y esa convicción, lejos de morir, nunca se fue. Por eso, mal podría hablarse de una resurrección.

Raimundo Palamara Stewart
Abogado
Presidente Fundación Fuerza Ciudadana