Aprueban Plan Nacional de Búsqueda y pasa al Senado: Cámara intenta blindarlo ante cambio de gobierno
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto para convertir en ley el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para las víctimas de desaparición forzada en Chile entre 1973 y 1990. La propuesta busca hacer permanente esta política pública, garantizando recursos y estructura bajo la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde este martes al proyecto que busca convertir en ley el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La propuesta fue aprobada con 79 votos a favor, 41 en contra y 16 abstenciones, y apunta a transformar el actual plan —impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric— en una política pública permanente, asegurando su continuidad más allá de los cambios de administración.
En simple, la iniciativa apunta a que la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas sea una obligación permanente del Estado y no dependa del gobierno de turno.
Por lo mismo, entre los impulsores de la iniciativa existe una inquietud de fondo: que el plan pierda prioridad bajo la próxima administración de José Antonio Kast en caso de que no alcance a ser discutido en el Senado durante esta semana.
Advierten que, al tratarse hasta ahora de un programa impulsado por el Ejecutivo, su urgencia legislativa dependerá de la voluntad política del próximo gobierno, el mismo que, junto a las nuevas directivas del Senado y la Cámara, podría eventualmente restarle respaldo o relegarlo en la agenda.
Plan Nacional de Búsqueda: política de Estado y no de gobierno
El corazón del proyecto es institucionalizar la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura (11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990), garantizando recursos estables, equipos especializados y una estructura formal bajo la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La iniciativa aprobada hoy también crea un Comité de Seguimiento y Participación, compuesto por 13 integrantes, que asesorará y evaluará el cumplimiento del plan por un periodo de cuatro años.
El diputado Roberto Celedón (IND), coautor del proyecto, destacó el respaldo transversal que consiguió la iniciativa en la Sala:
“Es muy valioso y muy importante porque un sector de la derecha, especialmente de Renovación Nacional, encabezada en este caso por Ximena Ossandón, junto con todas las fuerzas democráticas y progresistas, votaron a favor, lo que es muy valorable, y solo la derecha extrema votó en contra”, afirmó.
Celedón agregó que el deber del Estado no se limita al eventual hallazgo de restos. “No solo el hallazgo eventual, porque quizás no se halle, pero sí reconstituir todas las historias en relación a la verdad de los hechos que efectivamente ocurrieron y quiénes fueron los autores, aunque ya los autores estén fallecidos. Saber siempre la verdad como pueblo es fundamental”, sostuvo.
El parlamentario recordó que la iniciativa tuvo como base un proyecto presentado por la exdiputada Lorena Fries y que fue respaldado por varios legisladores. Ahora será el Senado el que deberá pronunciarse sobre la propuesta.
Reparación y compromisos internacionales
Por su parte, la diputada Carolina Tello (FA) valoró que el plan pase a tener rango legal y no dependa de decretos ni de la voluntad del gobierno de turno.
“Sabemos que han sido diversos decretos (…) y también todo lo que significa el financiamiento en la Ley de Presupuestos correspondiente, para poder seguir buscando hasta que aparezca la última persona de la cual todavía no conocemos su paradero”, señaló.
La parlamentaria subrayó que el país arrastra una deuda histórica tras “una dictadura fría, sangrienta”, y que el Estado tiene la obligación permanente de garantizar verdad y reparación a las familias.
“Esperamos que esto pueda ser ratificado rápidamente en el Senado (…) y así dar la tranquilidad no solo a nuestro país, sino también a los organismos internacionales, a los otros países, de que Chile cumple con sus obligaciones internacionales”, añadió.
Con el despacho a segundo trámite constitucional, el proyecto abre una nueva etapa legislativa. De ser aprobado por el Senado, el Plan Nacional de Búsqueda quedará consagrado como política permanente del Estado.
Los avances del Plan Nacional de Búsqueda
La discusión legislativa se da luego de que en diciembre pasado, el presidente Gabriel Boric recibiera el primer informe bienal del Plan Nacional de Búsqueda, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Se trató del primer balance oficial desde la creación del plan en 2023, documento que detalló los avances en la recopilación de información, acciones de búsqueda, participación de las familias y medidas orientadas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
En esa ocasión, el mandatario subrayó que el Estado tiene el deber de asumir de manera permanente la búsqueda de las personas desaparecidas. “Esta es una responsabilidad que nos compete como país y que debe proyectarse en el tiempo”, afirmó.