Gremio de buses interprovinciales se declara en estado de alerta y exige “reunión urgente” con autoridades de gobierno
La Asociación Nacional de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales (ABI A.G.) se declaró en estado de alerta ante el continuo aumento del precio del diésel, que está generando un grave deterioro en la operación del transporte de pasajeros. A través de un comunicado, el gremio exigió una reunión urgente con las autoridades de gobierno para definir medidas que permitan sostener los servicios y proteger las fuentes de empleo.
Si bien el organismo indicó que por ahora no se plegará al paro nacional convocado por los gremios de camioneros, precisó que esa decisión “estará supeditada a que el gobierno reciba al sector con urgencia y abra una instancia efectiva para abordar sus demandas”. “No nos sumaremos por ahora a las movilizaciones, porque sabemos la responsabilidad que tenemos con los pasajeros y los trabajadores que trasladamos. Pero esa decisión no es un cheque en blanco”, afirmó el presidente del directorio de ABI A.G., Juan Eduardo Quiroz.
El gremio explicó que la declaración de alerta responde tanto a la presión acumulada sobre los costos de operación como a la falta de resultados concretos de las gestiones realizadas. Han sostenido tres reuniones con Hacienda y también se han reunido con los ministerios del Interior, Transportes y la Dirección del Trabajo. Además, solicitaron audiencias en Economía sin ser recibidos, y varias promesas de respuestas no se han materializado.
ABI A.G. advirtió que, si la situación continúa, muchas empresas podrían verse obligadas a reducir frecuencias, abandonar recorridos o incluso cerrar, lo que afectaría a tripulaciones, personal de apoyo y a los pasajeros que viajan por motivos de salud, trabajo o familiares. El impacto es especialmente grave en el transporte industrial, donde los contratos con fórmulas de reajuste (polinomios) no reconocen adecuadamente los incrementos del diésel, obligando a las empresas a absorber la totalidad del alza. El gremio solicitó un trabajo conjunto y con plazos definidos entre Hacienda, Economía y Transportes para abordar mecanismos de alivio, el tratamiento tributario del combustible y la revisión de los polinomios.