Hijas del general Carlos Prats piden al Presidente Kast no indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad
Las hijas del general de Ejército Carlos Prats González y de Sofía Cuthbert Chiarleoni enviaron una carta abierta al Presidente José Antonio Kast en la que rechazan la concesión de indultos presidenciales a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Sofía, Hilda y María Angélica Prats Cuthbert expresaron su oposición a beneficiar con esta medida a agentes estatales involucrados en crímenes cometidos en ese período. Sus padres fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires mediante un atentado perpetrado por la DINA.
“Otorgar dichos indultos causaría nuevamente una profunda herida en todos los familiares de las víctimas, en los familiares de quienes aún buscan justicia, y en nuestra convivencia nacional”, señalaron en la misiva. Las hermanas recordaron que la responsabilidad de la DINA en el asesinato de sus padres quedó ratificada por la Corte Suprema el 8 de julio de 2010, tras 36 años de investigación judicial.
En la carta, las hijas del general Prats subrayaron que los crímenes cometidos durante la dictadura no constituyen delitos comunes, sino crímenes de lesa humanidad, perpetrados por agentes del Estado en contravención del ordenamiento jurídico nacional y de los tratados internacionales ratificados por Chile. “Indultar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad es éticamente insostenible. Es impunidad y la impunidad corroe la conciencia moral de una nación”, afirmaron.
Las autoras agregaron que esta medida afectaría directamente a la institución armada, ya que “indultar a oficiales de Ejército condenados por asesinar a un comandante en Jefe que fue fiel a su juramento de defender la Constitución y las leyes ofende el honor de las Fuerzas Armadas”.
Finalmente, las tres hermanas recordaron al Presidente que, si bien tiene la facultad legal de indultar, “no toda atribución legal es éticamente legítima”. Por esta razón, le pidieron no utilizar esta prerrogativa y, en su lugar, enviar un proyecto de ley al Parlamento para derogar dicha facultad. “La reconciliación se construye logrando verdad y justicia para las víctimas”, concluyeron.