La pregunta por los F-35
Los 12 aviones de combate Northrop F-5 Tigre III que actualmente operan en Punta Arenas fueron adquiridos por Chile en 1974, cuando la administración Nixon-Ford levantó la prohibición de vender aviones supersónicos a países latinoamericanos. En ese momento, el país compró originalmente 18 unidades F-5E/F Tigre II. La compra se enmarca en el contexto regional de la época: la dictadura militar peruana de Velasco Alvarado había adquirido tanques y helicópteros soviéticos entre 1972 y 1973, y posteriormente incorporó 36 cazas Sukhoi Su-22 entre 1976 y 1977. Para el régimen chileno, defender el norte del país era una prioridad estratégica, a pesar de la compleja situación económica. Por esa razón, los F-5 operaron desde Antofagasta hasta el año 2010, periodo que coincide con la instalación de campos minados en la frontera norte entre 1974 y 1975.
Sin embargo, el asesinato de Orlando Letelier en Washington y la llegada de Jimmy Carter a la presidencia en 1977 cambiaron radicalmente la situación. La Enmienda Kennedy impuso una prohibición indefinida de venta de armas, repuestos y asistencia militar a Chile. Apenas llegados al país, los F-5 quedaron sin apoyo técnico oficial de Estados Unidos. Para mantener la flota operativa, la Fuerza Aérea recurrió al mercado negro, triangulaciones internacionales y al canibalismo de aeronaves: cuatro aviones fueron desmantelados para mantener en vuelo al resto. Las maestranzas de la FACH, en colaboración con empresas como Cardoen y con asesoría de ingenieros israelíes, lograron sostener la operatividad de los cazas. Ya en la década de 1990, un acuerdo con Israel Aerospace Industries permitió modernizarlos al estándar Tigre III.
El punto más crítico de esta historia ocurrió en 1978, durante el momento de máxima tensión con Argentina. En ese entonces, Estados Unidos había dejado a Chile con menos de la mitad de sus F-5 operativos. Cuatro de ellos fueron desplegados en Pudahuel y dos F-5E realizaron incursiones en territorio argentino para evaluar la vulnerabilidad de su defensa aérea.
Entre 2030 y 2035, estos aviones, cargados de historia, serán dados de baja. En un contexto de crecientes tensiones en la Patagonia, surge el debate sobre su reemplazo. Aunque algunos proponen adquirir el Lockheed Martin F-35 Lightning II, el caza más avanzado del mundo, sus elevados costos de adquisición, operación y mantención —que podrían alcanzar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para una flota completa con diez años de apoyo— generan dudas. Además, su alta sensibilidad técnica, su fuerte dependencia del software y la cadena de suministro controlada completamente por Estados Unidos, y su carácter ofensivo de penetración profunda contrastan con la doctrina defensiva chilena. La accidentada experiencia con los F-5, marcada por décadas de sanciones estadounidenses, hace que muchos analistas consideren riesgosa una dependencia total de Washington, especialmente ante un eventual escenario de conflicto en la Patagonia donde Estados Unidos mantiene intereses estratégicos, como su proyección antártica a través de Ushuaia y el Tratado Antártico, cuya protección ambiental absoluta expira en 2048.
En ese sentido, la opción del Eurofighter Typhoon, de origen europeo, aparece para varios como una alternativa más adecuada: aviones más resistentes, sencillos de operar y tecnológicamente autónomos. Cuatro de ellos, por ejemplo, protegen actualmente las Islas Malvinas.