Estado: percepción y realidad
Francia, España, Italia, Bélgica y Portugal, entre otros países, han enfrentado en los últimos meses masivas protestas, algunas de ellas violentas. Estas movilizaciones, convocadas por demandas en educación, vivienda, costo de la vida o corrupción, reflejan la percepción ciudadana de una respuesta insuficiente tanto del sector público como del privado ante sus necesidades.
Lo paradójico es que estas manifestaciones ocurren en naciones desarrolladas donde el Estado tiene un rol central en la economía y en la prestación de servicios. Francia, por ejemplo, destina cerca del 57% de su PIB a gasto público; Bélgica, un 54%; e Italia, un 51%. A pesar de estos altos niveles de inversión, diversos factores impiden que respondan de manera satisfactoria a las demandas de sus ciudadanos. Más que una cuestión de recursos, se trata de un choque entre las altas expectativas de la población y la real capacidad del Estado para cumplir las numerosas tareas que la sociedad le ha encomendado.
En Chile, esta realidad debería impulsar una reflexión postergada sobre el tipo de Estado que el país necesita para avanzar hacia el desarrollo. Un caso claro es el de la educación: si bien el gasto como porcentaje del PIB se ubica por sobre el promedio de la OCDE, los resultados sitúan a Chile entre los países con peor desempeño. Situaciones similares se observan en la gestión de listas de espera, el trámite de licencias médicas, la movilidad laboral al interior del Estado y otros ámbitos, donde las principales barreras radican en las capacidades institucionales más que en la disponibilidad de recursos.
Resulta llamativo que, pese a los evidentes problemas de gestión, más del 97% de las evaluaciones de desempeño del sistema público en 2025 hayan obtenido “máxima distinción”, mientras que solo un 34% y un 43% de los chilenos se declaran satisfechos con la gestión del Estado en salud y educación, respectivamente, según el informe Survey OCDE: Drivers of Trust in Public Institutions 2026. Esta desconexión entre la autopercepción de los encargados de prestar los servicios y la experiencia de quienes los reciben constituye una brecha que urge cerrar, orientando el foco hacia los resultados concretos de los programas públicos.
La modernización del Estado chileno requiere pasar de la discusión sobre “cuánto se gasta” a responder preguntas más profundas sobre “cómo y en qué se gasta”, priorizando la digitalización de servicios, la integración de sistemas, la agilización de procesos y, sobre todo, la generación de capacidades orientadas a resultados medibles y de impacto real. Como planteó Francis Fukuyama en una conferencia en la Universidad de Stanford, un Estado moderno debe reemplazar el excesivo control burocrático por una responsabilidad efectiva sobre los resultados de gestión, evaluando a sus funcionarios en función de lo que logran y no solo de lo que hacen.
Resguardar la probidad y la independencia institucional es esencial, pero debe complementarse con una gestión y evaluación transparentes basadas en objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. Solo así se podrá reducir la brecha entre la percepción de los funcionarios públicos y la realidad que viven los ciudadanos, fortaleciendo la confianza en las instituciones y contribuyendo al progreso y la estabilidad democrática de Chile.