El decreto de Justicia que rebajó pena a exagente CNI condenado por últimos secuestros de la Dictadura

El beneficio fue concedido a través de un decreto firmado el 20 de mayo de 2026 por el subsecretario Pablo Mira Hurtado, en calidad de ministro de Justicia subrogante. Según el documento, al que accedió BioBioChile, se descontaron un año y siete meses de la condena que Acuña Luengo cumplía por los secuestros calificados ocurridos en 1987. Con esta rebaja, su pena, que originalmente terminaba el 2 de mayo de 2027, quedó fijada para el 2 de octubre de 2025.

Acuña Luengo es el único de los tres condenados por graves violaciones a los derechos humanos en este caso que cumplía su pena en el penal de Colina I. Los otros dos lo hacían en Punta Peuco. La resolución invoca dos fallos de la Corte Suprema de 2014 para justificar la rebaja, argumentando que, al cumplirse los requisitos legales y no existir causal de exclusión aplicable, corresponde otorgar el beneficio pese a la gravedad de los delitos. El decreto se emitió un día después de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara al Ministerio de Justicia pronunciarse sobre la solicitud.

El caso se remonta a septiembre de 1987, en el marco de la Operación Príncipe. Tras el secuestro del coronel del Ejército Carlos Carreño a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, agentes de la CNI detuvieron sin orden judicial a cinco militantes de esa organización: Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola. Los cinco fueron llevados al cuartel Borgoño, donde permanecieron ocultos e interrogados. Ante el fracaso del canje, los agentes los sacaron del recinto, los trasladaron en helicóptero desde el Fuerte Peldehue hasta las costas de Quintay y los arrojaron al mar atados a durmientes. Sus restos nunca fueron encontrados.

La Corte Suprema condenó a Acuña Luengo el 21 de marzo de 2017 a diez años y un día de presidio como autor de cinco secuestros calificados, delitos calificados como de lesa humanidad y de carácter permanente. Previamente, en 2007, había sido condenado a tres años por el homicidio simple de Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky en la Operación Albania, pena que ya cumplió bajo libertad vigilada. El beneficio de 2026 solo aplica a la condena por los secuestros de 1987.

Desde el estudio Caucoto, que representa a las familias de las víctimas, el abogado Francisco Bustos criticó la decisión, señalando que no fueron informados ni de la postulación ni de la resolución. Además, cuestionó que se presente la rebaja como una consecuencia automática de la jurisprudencia, argumentando que los tribunales también han respaldado excluir estos beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad, considerando las obligaciones internacionales del Estado y el derecho de las víctimas a ser escuchadas.