"No son iguales": Gajardo contradice a Arenas por decretos de rebaja de condenas firmados por Boric y Kast

El exministro de Justicia Jaime Gajardo respondió a las declaraciones del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, y cuestionó la comparación que este realizó entre decretos firmados durante las administraciones de Gabriel Boric y José Antonio Kast para conceder rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La controversia surgió luego de que Arenas defendiera la actuación del actual Gobierno por la firma de decretos que permitieron rebajas de penas a 56 condenados por este tipo de delitos. El vocero sostuvo que ambas administraciones actuaron conforme a la legislación vigente y que el resultado de los procedimientos fue el mismo. Arenas señaló que, aunque este tipo de decretos no gusten, el Gobierno cumple la ley y la Constitución, y que según el artículo segundo de la norma, se trata de un derecho que no puede ser negado por el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, Gajardo aseguró que los documentos exhibidos por el vocero no son equivalentes. Explicó que el decreto firmado por el actual ministro de Justicia entrega de forma directa un beneficio a condenados por violación o abuso sexual contra niños. En cambio, el decreto que lleva su firma, correspondiente al gobierno anterior, se emitió para cumplir una resolución de la Corte Suprema. “Efectivamente también se tuvo que otorgar el beneficio, pero porque la Corte lo ordenó”, precisó.

El exministro también se refirió a la decisión del Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, de suspender la tramitación de estas solicitudes. A su juicio, el ministro no tendría facultades para paralizar estos procedimientos y, en su lugar, debería rechazar las peticiones de rebaja de condena. Gajardo recordó que durante los gobiernos de Gabriel Boric y Sebastián Piñera existía un criterio común: rechazar estas solicitudes y, si los condenados recurrían a los tribunales, defender esa posición ante la justicia. “Lo que él tiene que hacer es rechazar estas solicitudes. Eso es lo que le pide la ciudadanía. Rechazar las solicitudes y dar la discusión”, enfatizó.

Finalmente, Gajardo apuntó a la responsabilidad política que, a su juicio, debe asumir el Gobierno frente a esta polémica. “A mi juicio, la responsabilidad política es evidente y, en este país, se tienen que asumir la responsabilidad política”, concluyó.