Denunció cotizaciones impagas ante Inspección del Trabajo y lo despidieron: Corte ordenó millonaria indemnización
Así lo determinó el Primer Juzgado de Letras de Coronel en una sentencia dictada el 25 de septiembre de 2026. El fallo acogió la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, estableciendo que la desvinculación del trabajador afectó la garantía de indemnidad, que protege a los empleados de represalias por ejercer acciones legales o administrativas para defender sus derechos.
El trabajador, de nacionalidad haitiana, ingresó a la empresa el 10 de julio de 2017 como operario. Según los antecedentes del juicio, durante parte de la relación laboral sus cotizaciones previsionales fueron calculadas sobre montos inferiores a las remuneraciones reales que percibía. Entre febrero y noviembre de 2024, Forestal Coronel declaró una renta imponible total de $5.774.166, mientras que los depósitos en la cuenta bancaria del trabajador alcanzaron los $9.358.530. La diferencia de $3.584.364 correspondía a remuneraciones no declaradas para efectos previsionales.
Tras plantear infructuosamente sus observaciones directamente a la empresa, el trabajador solicitó el 9 de abril de 2025 una fiscalización ante la Inspección del Trabajo de Coronel e informó de su reclamo al empleador. Exactamente un mes después, el 9 de mayo de 2025, fue despedido de forma verbal, sin entrega de carta de despido ni indicación de causal legal. Posteriormente presentó un nuevo reclamo ante la Inspección el 20 de mayo de 2025. La audiencia de conciliación realizada el 16 de junio no logró acuerdo, por lo que el caso llegó a tribunales.
El tribunal constató que Forestal Coronel Limitada no contestó la demanda en plazo, no compareció a la audiencia de juicio del 7 de mayo de 2026 ni presentó los documentos requeridos, entre ellos comprobantes de cotizaciones, liquidaciones de sueldo y antecedentes del despido. Tras analizar registros bancarios, certificados previsionales, liquidaciones, antecedentes de la Inspección del Trabajo y testimonios, el juez concluyó que el despido constituyó una represalia por la denuncia.
La sentencia condenó a la empresa al pago de $17.982.895 por concepto de indemnizaciones: $1.116.950 por falta de aviso previo, $7.818.650 por siete años de servicio, $2.345.595 por el recargo legal y $6.701.700 por indemnización especial por vulneración de derechos fundamentales. Además, deberá pagar $2.084.306 por feriado legal y proporcional adeudado, regularizar las cotizaciones previsionales del período entre febrero y noviembre de 2024, y cancelar todas las remuneraciones y prestaciones laborales desde el 9 de mayo de 2025 hasta que el despido sea convalidado legalmente.
Como medida preventiva, el tribunal ordenó que la empresa implemente una capacitación para sus trabajadores y para quienes determinan y pagan remuneraciones y cotizaciones previsionales. La demanda por daño moral fue rechazada.