Contraloría ordena abrir sumario en Providencia tras objetar contratación de ex fiscal Guerra
El organismo cuestionó el pago de más de $10 millones por entregar simples transcripciones de normas del Código Penal.
La Contraloría General de la República ordenó a Providencia la apertura de un sumario por la contratación del ex fiscal Manuel Guerra, quien desempeñó funciones en paralelo en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO).
Guerra prestó servicios a honorarios en ambos estamentos entre agosto y diciembre de 2021, tras dejar el Ministerio Público, entregando informes jurídicos, junto con la eventual creación de una Fiscalía para los vecinos del sector.
Tras conocerse los vínculos del otrora persecutor con Luis Hermosilla, los diputados PS Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, junto a la ex concejala Isidora Alcalde (FA), solicitaron un informe de Contraloría, que determinó que su contratación no se ajustó a derecho.
“Es posible advertir que, en el caso en análisis, las circunstancias que se mencionan efectivamente pudieron configurar un conflicto de interés de aquellos que la normativa y la jurisprudencia administrativa prohíben, por lo que la AMSZO deberá abstenerse de efectuar sus contrataciones a honorarios con personas que, cierta o potencialmente, se encuentren en una situación que pugna con el principio de probidad administrativa”, consignó el informe dado a conocer por La Tercera.
En su paso por la municipalidad de Providencia, Contraloría detectó un sobrepago por las labores desarrolladas por el abogado, ya que fue contratado para “desarrollar un análisis jurídico acerca de las modificaciones introducidas en materia legal respecto de la responsabilidad funcionaria municipal y probidad administrativa, por el monto total de $11.299.435”.
Sin embargo, los informes entregados por Guerra corresponden a copias de normas del Código Penal, por lo que la millonaria remuneración no se condice con el trabajo realizado.
Ante esto, se ordenó un sumario en el municipio de Providencia, ya que “a quienes correspondía visar los referidos informes debieron objetarlos y, consecuentemente, no dar lugar al pago, total o parcial, de los honorarios pactados”.