Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador - La Tercera

El empresario Pedro Pablo Larraín cuestionó el nombramiento de Daniel García Schilling como liquidador de Sartor AGF, señalando que carece de la independencia y experiencia necesarias para asumir un cargo estratégico que exige objetividad técnica y ausencia de conflictos de interés.

Un nuevo conflicto judicial enfrenta al fundador de Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín (46), con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El pasado jueves el empresario, a través de dos de las sociedades del conglomerado —Asesorías e Inversiones Sartor y Sartor Administradora General de Fondos—, presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando revocar dos resoluciones del regulador emitidas en enero y febrero de este año.

En dichas resoluciones, el consejo de la CMF aprobó el informe de cierre presentado por el liquidador de Sartor AGF, Ricardo Budinich, revocó su designación y, además, nombró como nuevo liquidador de la administradora a Daniel García Schilling.

En el reclamo, las sociedades denunciaron que se ha nombrado a García “en un cargo estratégico —que exige independencia, expertise, objetividad técnica y ausencia de conflictos de interés— y él carece de las condiciones necesarias para garantizar dichas exigencias".

Pero no es el único cuestionamiento que realizan las sociedades vinculadas a Grupo Sartor. En el escrito, también denunciaron que el consejo del regulador denegó la entrega del informe de cierre elaborado por el liquidador, aduciendo el deber de reserva consagrado en el artículo 28 del DL N°3.538.

“Más aún, existen antecedentes que permiten sostener que su nombramiento no respondió a criterios técnicos ni funcionales, pese a que la naturaleza y complejidad del cargo así lo exigían, sino que obedeció a consideraciones ajenas a los estándares que deben regir una designación de esta naturaleza”, acotó el mismo documento patrocinado por el abogado Antonio Rubilar.

“Después de todo, se está nombrando como liquidador al mismo directivo de la CMF que inició la ofensiva regulatoria contra Sartor AGF. De alguna manera, se le está permitiendo cerrar la gestión de una empresa extinta por su propio impulso”, recalcó.

Daniel García es periodista de la Universidad de Chile y Máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona (España).

Ingresó a la CMF en 2014, primero como jefe de gabinete, y a contar de 2016 como Intendente de Seguros, cargo que ejerció hasta asumir como Director General de Supervisión de Conducta, en 2021.

Entre 2012 y 2014 fue director de Asuntos Institucionales y Comunicaciones de la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (actual CMF), y entre 2007 y 2010, jefe de gabinete en la ex Superintendencia de Valores y Seguros (actual CMF).

Sanciones y querella

En 2012, el empresario Pedro Pablo Larraín, junto a su esposa Ximena Carvallo, fundaron Sartor Finance Group para financiar pequeñas y medianas empresas con problemas de solvencia económica.

Cuatro años después, en marzo de 2016, ambos crearon la Administradora General de Fondos (AGF), apuntando a personas de alto patrimonio y gestión inmobiliaria.

El 19 de diciembre de 2024, el Consejo de la CMF acordó revocar la autorización de existencia otorgada a Sartor Administradora General de Fondos S.A., y designar liquidador de la misma al directivo de la CMF, Fernando Pérez Jiménez.

Posteriormente, el consejo revocó su decisión y decidió nombrar al ingeniero Ricardo Budinich en reemplazo de Pérez. Y el golpe más fuerte a Sartor vendría a finales del año pasado.

El 18 de noviembre de 2025, la CMF aplicó sanciones históricas a los directivos y representantes legales de Sartor por un total de 367.500 UF ($14.569 millones).

Ese mismo mes, el fundador de Sartor, Pedro Pablo Larraín, interpuso una querella criminal en contra de la actual presidenta de la CMF, Solange Bernestein, acusándola de emitir una opinión anticipada a las históricas multas aplicadas por el regulador a la AGF y sus directores.