Impulsada por caso de Catalina Cayazaya: Comienza a regir norma que exige protección a la salud mental de estudiantes

Mañana 1 de enero comenzará a regir una nueva norma que establece obligaciones a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para

promover la sana convivencia y resguardar la salud mental

realizan prácticas formativas en campos clínicas.

El objetivo de la iniciativa desarrollada por la Superintendencia de Educación es generar condiciones más seguras, formativas y respetuosas en los campos clínicos, donde cada año se forman miles de estudiantes de carreras de la salud.

La medida surge a raíz de diversos casos que han afectado a alumnos durante sus prácticas, entre ellos el de

estudiante de terapia ocupacional de la Universidad de los Andes, quien

superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar,

Entre los principales lineamientos, la norma establece la

obligación de garantizar protección física y psicológica efectiva a víctimas y denunciantes

de situaciones de maltrato, resguardando que no existan represalias ni procesos de revictimización. Asimismo, fija criterios de celeridad y debido proceso en las investigaciones internas, incluyendo la adopción de medidas provisionales desde el inicio de las denuncias.

exige la capacitación obligatoria del cuerpo docente clínico

en áreas como pedagogía clínica, ética, enfoque de género, salud mental y derechos humanos. A ello se suma la implementación de evaluaciones periódicas del desempeño docente, con participación de los estudiantes, además de la formación de los equipos de salud que colaboran en la docencia clínica y la realización de instancias de inducción previas a cada práctica.

La normativa también obliga a las instituciones a

contar con convenios asistenciales docentes

que definan explícitamente los derechos y deberes de los estudiantes, disponer de un canal único de denuncias —con posibilidad de anonimato— y realizar un seguimiento activo de los casos, incluyendo el deber de informar a la Superintendencia. Además, se establece la entrega de

reportes semestrales sobre denuncias y medidas adoptadas,

cuya primera presentación está programada para julio de 2026, junto con la aplicación de una encuesta nacional anual sobre clima y salud mental en campos clínicos.

En esa línea, Salazar agregó que la norma permitirá robustecer la capacidad de fiscalización del organismo. "El reporte semestral de denuncias y la encuesta a estudiantes que hayan realizado prácticas clínicas nos permitirán contar con más y mejor información para orientar nuestras acciones de fiscalización y contribuir a la construcción de entornos formativos más seguros", afirmó.

la fiscal de la Superintendencia, Daniella Maureira,

valoró la respuesta que han mostrado las instituciones de educación superior frente a las nuevas exigencias. "Hemos constatado que muchas instituciones iniciaron de manera temprana procesos de capacitación dirigidos a los profesionales de la salud que ejercen docencia en campos clínicos, incorporando a su formación y experiencia asistencial herramientas y estrategias pedagógicas que fortalecen una enseñanza más efectiva, pertinente y significativa", señaló.

Desde la Superintendencia explicaron que, si bien los reclamos asociados a convivencia representan cerca del 5% del total de denuncias del sistema, una parte relevante de estos casos presenta alta criticidad, lo que justifica la creación de una regulación específica para el área de la salud. En ese sentido, la autoridad subrayó que la norma no solo impone nuevas obligaciones, sino que también

busca equiparar estándares y promover buenas prácticas en un ámbito formativo considerado clave para el país.