El derecho penal no es un instrumento de memoria histórica

Sin embargo, aceptamos que el proceso que decidimos superar siga siendo el vehículo. Creo que hay algo inquietante en esa coherencia selectiva.

No fue una modernización estética. Fue un juicio crítico sobre el propio sistema. El país dijo, en términos legislativos y culturales, que el procedimiento anterior ya no era suficiente. No obstante ello, lo seguimos utilizando.

Precisamente en aquellas causas que más sensibilidad histórica y política concentran, el Estado opera bajo el esquema que decidió abandonar hace más de veinte años.

La pregunta no es si los hechos existieron. Tampoco si el dolor merece reconocimiento. La pregunta es otra: ¿por qué aceptamos que el instrumento procesal que consideramos superado siga vigente cuando el estándar probatorio debiera ser más exigente que nunca?

El tiempo no mejora la prueba, la deteriora: Testigos que ya no están, memorias reconstruidas, presunciones que se expanden para llenar vacíos inevitables. En ese escenario, el rigor probatorio no debería flexibilizarse, sino intensificarse.

Sin embargo, aceptamos que el proceso que decidimos superar siga siendo el vehículo. Creo que hay algo inquietante en esa coherencia selectiva.

El derecho penal no fue diseñado para administrar memoria histórica ni para satisfacer expectativas colectivas. Fue pensado para imponer sanciones bajo estándares estrictos.

La memoria merece justicia; la justicia no puede permitirse incoherencias estructurales.