Fiscal Cubillos acusa que ha existido “retardo en la entrega de información” de Codelco tras accidente de El Teniente en 2025

El pasado 31 de julio de 2025, seis trabajadores fallecieron en la división El Teniente tras un derrumbe de roca ocurrido en el sector Andesita, provocado por sismo de magnitud 4.2.

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, acusó este jueves a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de un retraso en la entrega de información en el contexto de la investigación penal por el accidente ocurrido el pasado 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente, en Machalí.

Ese día seis trabajadores fallecieron tras un sismo de magnitud 4,2, el que produjo un derrumbe de roca en el sector de Andesita de la división El Teniente.

En ese contexto, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados desarrolló durante esta jornada una sesión que contó con la participación de representantes de la empresa estatal, el Ministerio Público, familiares de las víctimas y representantes de los trabajadores.

Allí el persecutor, que encabeza la indagatoria contra la empresa y los eventuales responsables, detalló el trabajo realizado por el Ministerio Público para establecer eventuales responsabilidades por cuasidelito de homicidio. Por el momento la causa todavía no se encuentra formalizada, aunque hay al menos 37 imputados, incluida la misma empresa como persona jurídica.

“Los objetivos que persigue esta investigación es determinar cuatro preguntas que están señaladas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió el estallido de roca? ¿Era previsible o no, evitable o no? y ¿Quién debía evitarlo? Para poder establecer eventuales responsabilidades personales respecto del cuasi delito de homicidio, porque eso es lo que investiga el Ministerio Público, delitos", explicó Cubillos.

El fiscal regional destacó como antecedente relevante para la investigación el accidente ocurrido el 24 de julio de 2023, donde también se produjo un derrumbe de roca incluso mayor al de 2025, pero que no fue informado en su momento ya que no provocó víctimas fatales, solo quedó un trabajador con lesiones menores. Este hecho abrió una segunda arista penal que sigue en investigación.

El derrumbe afectó los sectores de Pilar Norte, Unidad Sub 6 y Teniente 7. Esta última zona también resultó afectada por el derrumbe de 2025, y de hecho cinco de los trabajadores fallecidos fueron encontrados en esta zona.

“Hemos tomado más de 100 declaraciones, hay más de 50 requerimientos de información, hemos realizado diversas incautaciones, hemos solicitado medidas intrusivas al Juzgado de Garantía de Rancagua”, detalló el persecutor sobre la diligencias desarrolladas hasta ahora.

A lo que añadió: “Estas se han ejecutado en más de una región, en cuatro regiones, en la región de Antofagasta, en Atacama, Metropolitana, O’Higgins. Hemos incautado evidencia digital numerosa, más de 40 computadores, tres tablets, más de 50 celulares, y tenemos también incautado más de 40 cuentas de correo electrónico”.

Para continuar la investigación, el Ministerio Público espera la realización de un peritaje técnico encabezado por la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (Dictuc), para el cual también resulta necesario la entrega de información por parte de la minera estatal, ya que, explicó Cubillos, “los antecedentes citados previamente muestran que una parte relevante de las bases que hemos solicitado no sólo existe sino que ha sido efectivamente utilizada para análisis técnicos desarrollados para la división El Teniente”.

“A la fecha se ha entregado muy poca de esa información. Llevamos cinco meses de ese requerimiento, se hizo el 3 de junio. Si ustedes comparan los tiempos con lo que se demoraron en hacer el informe interno de agosto a diciembre, ya estamos en los tiempos (...) Si todos tuvieron acceso a esas mismas bases e hicieron sus informes en cinco o seis meses o quizás menos de seis meses y a nosotros nos han entregado el 25% de la información en cinco meses, algo extraño está pasando”, criticó.

“En definitiva, no sólo ha habido una tardanza en la entrega, un retardo en la entrega de información, sino que también existe una acción, obviamente obedece, nosotros lo entendemos porque litigamos todos los días y entendemos que alguien que tiene calidad de imputado se tiene que defender, sin duda”, añadió.

Y es que la empresa estatal solicitó una cautela de garantías y un recurso de protección para limitar los peritajes y la entrega de información. “El Tribunal de Garantía yo diría que mayoritariamente rechazó todas esas pretensiones, pero sin duda no estableció un plazo para la entrega y eso quizás es lo más pernicioso para la investigación”, señaló sobre esta acción judicial.

Así las cosas, Cubillos enfatizó: “Para nosotros resulta crucial contar con la información para realizar este peritaje técnico e independiente que nos diga por qué se produjo el estallido de roca, a partir de las multiplicidades de factores que deben ser analizados, y no hemos podido avanzar en dicho peritaje al no contar con la información que debe proporcionar una empresa estatal como Codelco”.