Fiscalía de Antofagasta vive su prueba de fuego: este martes se revisa el desafuero de Claudio Orrego
La Corte de Apelaciones de Santiago escuchará argumentos para desaforar al gobernador metropolitano Claudio Orrego por el caso ProCultura, donde se investiga la transferencia de $1.600 millones del GORE a la fundación. Su defensa alega falta de sustento en la solicitud de desafuero, citando inconsistencias fácticas y cambios en la calificación de los delitos. Alberto Larraín, investigado por fraude al fisco, lideró la iniciativa Quédate.
La Corte de Apelaciones de Santiago conocerá este martes los argumentos para desaforar al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Se trata de la prueba de fuego de la Fiscalía de Antofagasta para poder perseguir penalmente a la autoridad.
Dicha iniciativa estuvo liderada por el fundador de ProCultura, el psiquiatra Alberto Larraín, quien fue cercano a Orrego y que está siendo investigado por presunto fraude al fisco.
Defensa dice que no hay sustento
El abogado defensor sostuvo que la presentación tiene errores tanto en los antecedentes invocados como en la calificación jurídica de los hechos. También cuestionó la atribución de calidad de funcionarios públicos a personas que no lo eran.
Esta línea coincide con el informe en derecho elaborado para la defensa por el académico de la Universidad de Chile, Gastón Gómez Bernales. Él sostuvo que la imputación penal se debilita por inconsistencias fácticas, como la utilización de antecedentes erróneos y la atribución de delitos que, aun de ser ciertos los hechos, no encajarían en los tipos penales invocados.
El documento también subraya que diversas resoluciones judiciales en Antofagasta y Santiago han coincidido parcialmente con los planteamientos de la defensa, especialmente en materia de competencia y alcance de las imputaciones, lo que alimenta la expectativa de que el desafuero sea rechazado.
Alberto Larraín en libertad
La investigación se inserta en el caso Convenios, que involucra traspasos de recursos públicos a fundaciones y eventuales irregularidades en su ejecución.
En el caso específico del GORE Metropolitano, el convenio con ProCultura fue terminado anticipadamente tras cuestionamientos sobre la rendición de fondos, activándose acciones para exigir su restitución.
Paralelamente, cinco integrantes de la fundación, entre ellos Alberto Larraín, fueron formalizados por presunto fraude al fisco. Todos ellos quedaron solo con arraigo nacional, lo que ha sido interpretado por expertos como un antecedente que podría influir en la discusión del desafuero.
Así lo sostuvo el académico de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz.
Si la Corte de Apelaciones acoge la solicitud, Orrego quedaría suspendido de su cargo y habilitado para ser formalizado por el Ministerio Público. En cambio, si se rechaza, por ahora se cerraría la vía para imputarle responsabilidad penal directa en esta etapa de la causa.