El fin del Sename - La Tercera
Pese a que se ha creado una nueva institucionalidad que reemplazó las funciones del Sename, es alarmante constatar que parte de las graves vulneraciones que dio lugar a este cambio no han logrado corregirse.
Acaban de terminar las últimas funciones que venía desempeñando el Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo de triste memoria producto de los numerosos casos de abusos y violencia de que fueron víctimas niños y adolescentes que estaban bajo su protección. Fue el caso de la muerte de la joven Lissette Villa (2016) y la conmoción que ello produjo lo que motivó que se pusiera en marcha una reforma para terminar con el Sename y crear una institucionalidad a cargo del cuidado de los menores vulnerados y otra que tomara la responsabilidad de velar por los menores con problemas penales y su reinserción. Con esos fines se crearon el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (“Mejor Niñez”), que inició sus funciones en 2021, como también el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuya puesta en marcha se hizo en forma gradual.
Desde luego hay problemas que sí han logrado ser corregidos a partir de la nueva institucionalidad, pero no es posible pasar por alto que, pese a que Mejor Niñez ya lleva algunos años de funcionamiento, la Defensoría de la Niñez reporte que siguen registrándose sobrecupos en residencias, listas de espera para ingresos y para programas reparatorios, dificultades para recibir de vuelta a menores con perfiles complejos, a lo que se suman que continúan reportándose denuncias reiteradas de vulneraciones de derechos, incluyendo violencia al interior de residencias o situaciones de abuso sexual, entre otras anomalías.
Son antecedentes que ilustran la importancia de que los niños y adolescentes vulnerados encuentren atención expedita y eficiente cuando sus derechos son vulnerados, pero es justamente lo que aún no logra garantizarse, confirmando que la instalación de una nueva institucionalidad no basta si no hay de por medio una real voluntad de los gobiernos -también de la sociedad- por impedir que tales vulneraciones sigan ocurriendo.