Estrategia del Litio marca nuevo hito bajo la sombra de polémica venta de activos en Corfo

El Gobierno marcó este jueves un hito en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio con la firma de la actualización del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) para el Salar de Maricunga, situado a 160 kilómetros al noreste de Copiapó, en la Región de Atacama.

En una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, se formalizó la alianza entre la estatal Codelco y la gigante minera Rio Tinto.

Este acuerdo busca explotar el segundo salar con mayor concentración de litio a nivel mundial, posicionando a Chile como un actor clave en la transición energética global.

Durante la actividad, el Presidente Gabriel Boric enfatizó que el país está preparado para retomar su liderazgo en la producción del "oro blanco".

"Queremos contribuir a la transición energética al igual que lo hacemos con el cobre", señaló el Jefe de Estado, reafirmando el compromiso ambiental de la estrategia.

Sin embargo, la formalización definitiva de la sociedad con Rio Tinto depende de regulaciones internacionales. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, explicó que la estatal aún espera el visto bueno de importantes mercados externos.

"Hay algunas condiciones que se deben cumplir para que esta asociación se formalice. La más importante de ellas es recibir la aprobación de las autoridades de libre competencia de los mercados donde se va a vender este litio", precisó el ejecutivo, subrayando que las autorizaciones en otros países ya han sido obtenidas de manera satisfactoria.

"Tenemos todavía pendiente la aprobación de la autoridad regulatoria de libre competencia de China", agregó.

Polémica por déficit en Corfo

Esta diferencia provocó que el aporte esperado de 737 millones de dólares se redujera a solo 349 millones, obligando al Consejo de Corfo a la liquidación de capital propio para evitar un desajuste en el gasto público, lo que fue complementado con montos provenientes del reembolso de bancos multilaterales.

La medida contó con la abstención del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, lo que evidencia divisiones técnicas internas sobre el uso del patrimonio de la corporación.

No obstante, la autoridad destacó que este tipo de ajustes "ha ocurrido de manera bastante permanente en el Estado de Chile", recordando que, "cuando asumió este Gobierno, la Corfo prácticamente no tenía capital invertido, y durante este Gobierno se ha adicionado al capital de Corfo en más de 1.000 millones de dólares".

García defendió que "el Gobierno está retirando capital que le es propio, lo que nos parece muy adecuado, y, afortunadamente, en este Gobierno se ha logrado es mantener altos niveles de capitalización de Corfo, porque Corfo se financia con ese capital. Corfo no recibe financiamiento del Estado; se financia a través de sus propias inversiones".

Mercados optimistas

Pese a los ajustes presupuestarios, el mercado del litio muestra señales de optimismo para el futuro cercano.

Además, los analistas proyectan un repunte significativo para el año 2026, con un crecimiento esperado en la demanda global de entre el 30% y el 40%.

Protección ambiental

Paralelamente, el Gobierno avanza en la protección ambiental de los ecosistemas mineros. Mañana, viernes, concluye el proceso de consulta pública para declarar áreas protegidas en más de 76.000 hectáreas del Salar de Atacama.

En este proceso han participado activamente diversos actores de la industria, como la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la empresa Albemarle, que han presentado sus observaciones técnicas ante las autoridades correspondientes.

La ministra de Minería, Aurora Williams, defendió la legitimidad de estos procesos, asegurando que "la estrategia completa ha sido dialogada, ya sea a través de diálogos ciudadanos o a través de consultas indígenas".

"Los elementos que se levantan son elementos que están en las etapas adecuadas y que van a ser sopesados por las instituciones técnicas que correspondan", afirmó la secretaria de Estado, quien añadió que el objetivo final es crear una red sólida de salares protegidos que cuente con el respaldo técnico y social necesario.

Con todo, la secretaria de Estado invitó a considerar esta consulta como "un espacio de expresión respecto de las decisiones que el Estado está tomando".