Megatoma de San Antonio: Minvu afirma que han actuado con "legalidad" tras querella de pobladores
El Ministerio de Vivienda (Minvu) se pronunció sobre la querella por estafa presentada por pobladores de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, afirmando que ninguna querella ha sido informada a ninguna institución. La acción legal apunta al ministro Carlos Montes, la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira, y el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, acusándolos de una supuesta estafa al impulsar un acuerdo habitacional unilateral. El Minvu rechazó las imputaciones, asegurando que sus acciones se han realizado dentro de la legalidad y sin engaños ni perjuicios patrimoniales.
El Ministerio de Vivienda (Minvu) se refirió a la querella por estafa presentada por pobladores de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, asegurando que, a la fecha, “ninguna querella ha sido puesta en conocimiento de ninguna de las instituciones ni personas”.
La acción legal fue interpuesta por el Movimiento Pobladores Organizados en contra del ministro Carlos Montes, de la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira, y del delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme. Incluso, suman en calidad de cómplices a la Federación de Cooperativas.
Respuesta del Minvu
Ante esta situación, desde el Minvu emitieron un comunicado donde rechazaron “categóricamente las imputaciones que pretenden atribuir a las autoridades conductas constitutivas de estafa, delito que, conforme a los artículos 467 y siguientes del Código Penal, exige la concurrencia de engaño, error, disposición y perjuicios patrimoniales, elementos que no se configuran en este caso”.
En el escrito aseguran que “las actuaciones de las autoridades se han desarrollado dentro de la legalidad y con el objetivo de buscar soluciones habitacionales para las familias, sin que exista engaño ni perjuicio patrimonial atribuible a ellas”.
Además, enfatizaron que fueron las propias cooperativas, sin exclusión, las que establecieron el desarrollo del proyecto habitacional en cuestión y que el rol de las autoridades ha sido acompañar y gestionar soluciones dentro del marco legal vigente.
Para finalizar, reafirmaron el “compromiso con probidad, la transparencia y el respeto irrestricto al debido proceso”.