Contraloría detecta millonarias irregularidades en Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué en recursos por megaincendio

La Contraloría General de la República emitió cinco informes de auditoría que alertan sobre serias deficiencias en la gestión de recursos públicos destinados a enfrentar el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso. Según informaron, los reportes de la Contraloría Regional de Valparaíso involucran a municipalidades, a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y a la Dirección Regional de Arquitectura, con observaciones que incluyen pagos sin respaldo, sobreprecios y fallas de control interno. En el caso de la Delegación Presidencial Regional, un informe detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en compras realizadas durante la emergencia. La auditoría también advirtió posibles sobreprecios y un uso injustificado del trato directo, por lo que se instruyó un sumario administrativo y se remitieron antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Por su parte, un informe final detectó pagos indebidos por más de $434 millones por demoliciones no ejecutadas o solo parcialmente realizadas relacionadas a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso. Respecto de la Municipalidad de Quilpué, otro informe constató gastos improcedentes, como la compra de cocinillas sin certificación SEC y el extravío de bienes donados para los damnificados. Además, se detectaron falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos, lo que motivó la instrucción de procedimientos disciplinarios y la adopción de medidas correctivas. En la Municipalidad de Viña del Mar, un informe evidenció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas entregadas entre febrero de 2024 y abril de 2025. La Contraloría observó problemas de rendición, falta de trazabilidad en los beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas, ordenando un sumario administrativo y la regularización de los procesos. A ello se suman sobreprecios y pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, con deficiencias en adjudicaciones y respaldos.