"Muñeca bielorrusa": Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para Vivanco
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este lunes la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, principal imputada en el marco del denominado caso "muñeca bielorrusa".
En la instancia, se rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de la investigada, que buscaba evitar la medida cautelar más gravosa durante las diligencias del caso.
Los querellantes y el Ministerio Público valoraron la decisión, considerándola un respaldo que "le da más fuerza aún al caso", y confirmando que se habrían configurado los delitos que se le acusan a Vivanco.
Asimismo, la abogada de Codelco, Carolina Sepúlveda, sostuvo que "una vez más la justicia ha declarado que los antecedentes que constan en esta investigación dan cuenta de que la exministra Ángela Vivanco cometió gravísimos delitos de cohecho y lavado de activos y que la gravedad de esos hechos amerita su prisión preventiva".
Por su parte, la defensa manifestó no estar satisfecha con esta resolución, pero considera que "abre la puerta a nuevas estrategias y eventuales recursos que va a discutir con su representada".
Durante la audiencia, el Ministerio Público reafirmó los cargos imputados contra la otrora jueza: tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos por, presuntamente, haber recibido sobornos para favorecer -en sus fallos- al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un litigio contra Codelco, además de acelerar la tramitación de los recursos presentados por dicha empresa ante la Corte.
La postura de la defensa
Durante la audencia, el abogado defensor de Vivanco, Jorge Valladares, apuntó -en primera instancia- a desestimar las acusaciones que pesan sobre su representada.
También reprochó la tesis del Ministerio Público sobre la manipulación de causas en la Tercera Sala de la Corte Suprema, argumentando que el orden de las tablas y la vista de causas es facultad de quien preside la instancia, cargo que Vivanco ejercía en los períodos cuestionados, descartando así una irregularidad administrativa.
Asimismo, Valladares apuntó contra el manejo de la investigación por parte de Fiscalía: "Aquí hay una exasperación de los hechos y una separación artificial de los acontecimientos con la mira de producir un resultado en esta etapa, que es en el análisis de la peligrosidad para la seguridad de la sociedad. Lo que se señala no es más que un juicio moral respecto del sentenciador que, creemos, se desapega y que no es suficiente para fundamentar la causal de peligro para la seguridad de la sociedad".
Tras la decisión del tribunal, el letrado relevó que "no nos conforma, evidentemente, no está en línea con lo que propusimos, pero plantea desafíos también: pondremos atención en eso y veremos los caminos a seguir. Obviamente, implica replantear algunas cosas, y vamos a decidirlo con mi representada".
Consultado por una eventual cautela de garantías por el estado de salud de su defendida, un aspecto que fue parte de sus argumentos, comentó que "en la medida en que no se cumplan las condiciones en el encierro, y de acuerdo con lo resuelto, está latente esa posibilidad".
Fiscalía: "Esto ha sido un escándalo"
Por su parte, el Ministerio Público y los querellantes reafirmaron la necesidad de mantener la prisión preventiva. Entre sus argumentos, destacaron la existencia de una economía compartida entre Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, lo que vincularía directamente a la exjueza con los supuestos sobornos que recibió.
"Esto ha sido un escándalo de las mayores proporciones donde la gente de a pie, que tenía la expectativa de que al momento de llegar a la Corte Suprema, alto tribunal de derecho, iba a mirar sin ningún tipo de miramientos ni discriminaciones, ni prebendas, ni beneficios económicos solicitados, (sino que) iba a fallar en derecho respecto de quien correspondía conforme a la ley. Esa expectativa ya no se tiene”, manifestó en la audiencia Claudia Ortega, abogada del ente persecutor.
Para este martes, está agendada una audiencia de revisión de medidas cautelares de Eduardo Lagos, y durante la cual también se evaluará la admisibilidad de su declaración, en la que confiesa gran parte de los delitos que se le imputan.
La utilidad del documento está en vilo porque el abogado se negó a firmarlo, pero la Fiscalía y los querellantes apuntan a que previamente suscribió un acuerdo de colaboración efectiva, por lo que creen que podría usarse en un futuro juicio.