Beneficiarios habían muerto pero los pagos siguieron: Contraloría detecta irregularidades en subsidios de arriendo
Además encontraron incumplimientos de requisitos entre los beneficiarios del subsidio.
Diferentes irregularidades detectó la Contraloría General de la República en la entrega de subsidios de arriendo del Programa de Integración Urbana de Campamentos, administrado por el Ministerio de Vivienda.
Se trata de una auditoría financiera realizada por el ente contralor a los pagos realizados entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.
Así, detectaron que 168 beneficiarios del subsidio seguían recibiendo pagos después de fallecidos. La Subsecretaría de Vivienda habría demorado hasta 1.133 días en regularizar los contratos de estos casos.
Aquella situación generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553, estimó Contraloría.
La auditoría también detectó que 172 beneficiarios arrendaban viviendas a familiares cercanos, incumpliendo las restricciones de consanguinidad y afinidad establecidas en las bases. Los montos asociados a estos casos alcanzan los $110.487.033.
A ello se suman 19 beneficiarios que mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges; y otros dos que tenían el subsidio pese a haber sido beneficiadas previamente con una vivienda durante 2024.
Aquellas situaciones significaron un perjuicio de más de 128 millones de pesos.
Frente a los hallazgos, el organismo de control instruyó medidas a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, como regularizar los gastos ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que da un préstamo para financiar el programa.
También deberá concluir el procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios involucrados.