Alvarado defiende reforma de seguridad y niega que contemple privar de salud a condenados: “Creo que ahí hay una mala interpretación”

Biministro llamó a los parlamentarios a conocer el texto ingresado al Congreso antes de emitir juicios y sostuvo que las eventuales restricciones apuntan a determinados beneficios sociales.

La reforma constitucional de seguridad que el Ejecutivo ingresó este lunes al Congreso abrió la semana pasada un nuevo frente de debate político, luego de que parlamentarios plantearan reparos en los últimos días sobre el alcance de las facultades que se entregarían al Presidente de la República y las restricciones aplicables a personas condenadas por delitos graves.

A pocas horas de que el proyecto fuera ingresado al Senado, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, salió este lunes a defender la iniciativa y llamó a los legisladores a analizar el texto definitivo antes de anticipar sus conclusiones.

Sus declaraciones surgen luego de que el senador Matías Walker calificara -la semana pasada- la propuesta como un eventual “retroceso constitucional”, visión que fue compartida por distintos personeros de la oposición, e incluso tuvo reparos desde el oficialismo.

“Me gustaría que los parlamentarios reaccionaran respecto a la presentación de esta reforma constitucional una vez que conocieran los fundamentos del texto completo”, aseveró Alvarado al ser consultado sobre las declaraciones del ex decé.

El secretario de Estado destacó, en ese sentido, que Walker es integrante de la Comisión de Constitución del Senado y planteó que las diferencias respecto de la iniciativa deberán resolverse durante la discusión legislativa.

“En el debate legislativo están las posibilidades y están las opciones de intercambiar diferentes puntos de vista y las diferencias tratar de buscar puntos de encuentro”, afirmó.

Defiende necesidad de reforzar herramientas contra el crimen organizado

Más allá de las diferencias que pueda generar el articulado, el biministro enfatizó que existe un objetivo que, a su juicio, debería concitar respaldo transversal, apuntando a que “se necesita fortalecer los instrumentos actualmente disponibles para combatir de mejor manera el crimen organizado”.

La propuesta ingresada por el Ejecutivo contempla ocho modificaciones a la Constitución, entre ellas la incorporación de la seguridad pública como un mandato constitucional y un deber del Estado, un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo asociado a un régimen penitenciario especial, y la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

Este último mecanismo podría ser decretado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta se encuentre gravemente afectada. El texto establece una duración de hasta 120 días, con la posibilidad de una prórroga por igual período; para nuevas extensiones se requeriría el acuerdo del Congreso.

Entre las facultades contempladas se encuentran la posibilidad de restringir o suspender la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión, además de restringir el derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.

Debate por restricciones a beneficios sociales

Uno de los aspectos que mayor controversia generó fue la posibilidad de establecer restricciones para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.

El primer borrador de la iniciativa había provocado críticas debido a que establecían una eventual inhabilitación para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales vinculadas a derechos como salud, educación, trabajo y seguridad social, incluso durante un período posterior al cumplimiento de la condena.

El texto finalmente ingresado mantiene la posibilidad de establecer determinadas restricciones, pero entrega su regulación a una ley de quórum calificado, acotando el alcance que había sido cuestionado durante los últimos días.

En ese contexto, Alvarado buscó despejar una de las principales críticas formuladas al proyecto, que tiene que ver con que las personas condenadas pudieran quedar sin atención médica u otras prestaciones básicas.

“No hay ningún incumplimiento de prestar atención de salud o de otras necesidades para los internos. Eso, yo creo que ahí hay una mala interpretación”, afirmó.

El biministro insistió en que la propuesta no apunta a eliminar las prestaciones esenciales para quienes se encuentran privados de libertad.

“Lo que hemos hablado siempre es que determinados beneficios sociales pueden ser restringidos para aquellos que han cometido delitos y han atentado contra la sociedad. Eso es legítimo plantearlo y es un debate que se da en el Congreso”, repasó.

Y agregó que “eso es muy distinto a privarlos de atenciones de salud o de otras necesidades que tengan los internos. Eso no es así”.

Según Alvarado, el planteamiento del Ejecutivo se limita a abrir la posibilidad de que el legislador establezca restricciones específicas respecto de determinados beneficios.

“Solamente lo que plantea esta mirada del Ejecutivo que va a discutirse ahora en el Parlamento dice relación con beneficios sociales que pueden ser limitados a personas que han cometido graves delitos contra la sociedad”, sostuvo.