Solo 262 funcionarios han sido destituidos pese a más de 29 mil involucrados en mal uso de licencias

Un nuevo informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) volvió a poner el foco en el mal uso de licencias médicas en el sector público. Se trata del séptimo balance consolidado de procedimientos disciplinarios, elaborado en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2026, que da cuenta de una brecha significativa entre el número total de funcionarios involucrados y aquellos que finalmente han sido destituidos.

Del total de funcionarios involucrados, 23.745 continúan en el servicio, mientras que 5.525 ya no trabajan en la administración pública. Sin embargo, incluso entre estos últimos, 2.947 siguen siendo objeto de sumarios administrativos, pese a no desempeñarse actualmente en sus cargos.

En total, existen 26.692 funcionarios cuyos casos deben ser investigados mediante sumarios administrativos. De ellos, 25.352 procedimientos ya han sido instruidos, aunque la mayoría sigue en desarrollo: 21.098 continúan en curso, mientras que solo 4.254 han llegado a una resolución con pronunciamiento del jefe superior del servicio.

Es precisamente en este último grupo donde se observa la mayor distancia entre el volumen de casos y las sanciones más severas. De los 1.543 procesos que ya se encuentran cerrados y con resolución ejecutoriada, solo 262 funcionarios han sido destituidos, lo que representa cerca del 1% del total de funcionarios involucrados en el mal uso de licencias médicas.

El resto de los casos cerrados se distribuye en sanciones de menor gravedad o derechamente sin castigo: 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos; 584 recibieron censura; 65 fueron sancionados con suspensión en el empleo; y 55 con multa.

Además, otros 2.711 funcionarios tienen procesos con resolución, pero aún están a la espera del cierre definitivo o de la ejecución de la medida disciplinaria, ya sea por impugnaciones u otras etapas pendientes del procedimiento.

El informe también detalla el impacto económico del fenómeno. La duración promedio de las licencias cuestionadas es de 22,1 días y, considerando remuneraciones brutas promedio de $1,9 millones mensuales, se estima que los funcionarios sometidos a sumario recibieron $36.876 millones en pagos durante los períodos de ausencia.

A esto se suma que 1.009 funcionarios optaron por renunciar antes de que se instruyera un procedimiento disciplinario en su contra, lo que reduce aún más el universo de eventuales sanciones efectivas.

El balance vuelve a evidenciar que, pese al alto número de funcionarios involucrados en el mal uso de licencias médicas, las destituciones siguen siendo una fracción menor del total, en medio de procesos administrativos que, en su mayoría, aún permanecen abiertos.