Migración y Estado de Derecho

El Ejecutivo ha propuesto una indicación al proyecto de reconstrucción nacional que modifica la Ley de Migración y Extranjería. Esta indicación obligaría a todos los órganos del Estado y a instituciones de salud, educación y previsión, tanto públicas como privadas, a entregar a la autoridad migratoria los datos de contacto de extranjeros que estén en procesos migratorios. El debate se ha centrado en la protección de la información de los pacientes, lo cual es una preocupación válida, pero que no abarca todos los aspectos del problema. La propuesta busca mejorar las herramientas del Estado para localizar a quienes deben ser notificados, pero plantea serias dudas sobre su constitucionalidad. La Constitución establece que el Estado debe garantizar el acceso a la educación y la salud de manera libre e igualitaria. La cuestión fundamental es si el Estado puede utilizar escuelas y centros de salud como fuentes de información para procedimientos migratorios sin vulnerar estos derechos. Aunque la indicación menciona que la información estará "sujeta a reserva" y se usará solo para "fines migratorios específicos", esto no soluciona el problema de fondo: el uso de datos personales para fines distintos a los originalmente consentidos. Experiencias en otros países, como Estados Unidos, demuestran que la inclusión de controles migratorios en escuelas y hospitales puede tener efectos negativos, como la disminución de la asistencia escolar y médica.