Municipalidad de Maipú denuncia a supuesta dirigenta de campamento Santa Marta por estafa a familias
La Municipalidad de Maipú denunció a una mujer por estafa ante el Ministerio Público, acusándola de cobrar hasta $100 mil a familias vulnerables del campamento Santa Marta, prometiendo soluciones habitacionales inexistentes. La imputada realizaba cobros en efectivo o transferencias sin contratos ni comprobantes, presionando a vecinos y funcionarios municipales. El municipio aclaró que el terreno es de uso público, por lo que no se puede desarrollar proyecto habitacional, y está apoyando a las familias afectadas con medidas de orientación social.
La imputada habría prometido supuestos resultados judiciales y soluciones habitacionales que no tendrían sustento legal.
Los cobros se habrían realizado en efectivo o mediante transferencias electrónicas, sin contratos ni comprobantes de pago.
En la acción legal presentada por la municipalidad, encabezada por Tomás Vodanovic, se señala que la mujer instó a las familias a contratar abogados, cuyos antecedentes aún se desconocen, afirmando que no serían desalojadas.
Incluso, habría planteado la posibilidad de desarrollar un proyecto habitacional en el mismo terreno.
También existen reportes de presiones indebidas a vecinos y a los propios funcionarios municipales. Entre ellas se incluyen mensajes intimidantes, grabaciones y la obstaculización en la entrega de información.
Municipalidad de Maipú ante eventual estafa a familias por parte de supuesta dirigente de campamento
Mediante el mismo escrito, el municipio aclaró que el terreno corresponde a un Bien Nacional de Uso Público. Esto implica que legalmente es imposible desarrollar cualquier proyecto habitacional en el lugar, independientemente de la voluntad de las autoridades municipales, judiciales o del nivel central.
Asimismo, se precisó que ninguna acción judicial puede garantizar la permanencia indefinida ni suspender automáticamente un eventual desalojo.
La Municipalidad de Maipú se encuentra actualmente desarrollando un proceso de orientación social enfocado en el apoyo a familias que opten por el abandono voluntario del campamento. Este contempla aportes para arriendo, apoyo en traslados, acompañamiento social y respaldo en la postulación a subsidios habitacionales, entre otras medidas.
Por último, el municipio solicitó diligencias investigativas para recopilar testimonios de familias afectadas, identificar a los abogados involucrados y recabar antecedentes vinculados a los pagos realizados.