El Estado argentino deja de comercializar gas natural licuado y lo deja en manos de privados
El Gobierno argentino autorizó este martes a empresas privadas a importar y comercializar Gas Natural Licuado (GNL), lo que significa que el Estado se retira de esas funciones y ahonda así en la privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) -empresa pública de explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos, gas natural y electricidad-.
La decisión fue dispuesta a través de un decreto, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este martes en el Boletín Oficial, que además prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector energético nacional en materia de transporte y distribución de gas natural.
Argentina privatiza la comercialización de gas licuado
El Estado dejará de actuar como intermediario y la norma establece que se concentrará únicamente en garantizar el abastecimiento.
La declaración de emergencia fue dispuesta originalmente en diciembre de 2023 y renovada en noviembre de 2024 y mayo de 2025. Su vigencia era hasta el próximo 9 de julio.
En los fundamentos, el Ejecutivo justificó la prórroga en la falta de infraestructura suficiente para transportar gas natural y en la necesidad de garantizar el abastecimiento interno, especialmente durante los meses de mayor consumo.
“Las obras correspondientes recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027”, señala el documento.
Garantizar gas durante invierno
Entre los objetivos de la prórroga está garantizar el suministro de gas durante el invierno y desarrollar progresivamente un mercado de gas estacional, con la expectativa de que hacia fines de 2027 el sistema cuente con nueva capacidad de transporte que permita atender la demanda ininterrumpible de las distribuidoras.
En diciembre pasado, el Gobierno argentino puso en marcha la licitación para vender la participación estatal en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país y en marzo finalizará la presentación de ofertas.
La nueva medida se suma a otros procesos en desarrollo, impulsados por Milei, que buscan la reducción de participación estatal en el sector energético, como la venta de cuatro centrales hidroeléctricas.