Dos fiscales fueron apartados de la investigación y Orrego figura como imputado: las claves del caso ProCultura
Son cerca de $6 mil millones los que se adjudicó la fundación de Alberto Larraín y están bajo la lupa del Ministerio Público. Uno de esos contratos, con el GORE de Santiago, es el que motivó las detenciones de la cúpula de la entidad.
En noviembre de 2023, ProCultura, anunció el cierre de sus operaciones.
La fundación venía acusado una “brutal discriminación basada en una mera coyuntura política”, en una arremetida judicial para evitar el freno en la entrega de fondos públicos por sus contratos con gobernaciones.
La “coyuntura” a la que se refería la fundación que encabezaba el psiquiatra Alberto Larraín se conoció como el caso Convenios y estalló con las revelaciones de los contratos de Democracia Viva en Antofagasta.
¿Qué es ProCultura?
En su sitio oficial, ProCultura se definió como “una fundación sin fines de lucro”.
“A través de acciones identitarias, patrimoniales y culturales generamos oportunidades de desarrollo para las comunidades con el fin de potenciar la calidad de vida de las personas y que alcancen mayores niveles de bienestar físico, mental y social”, aseguraban en su web.
ProCultura fue creada en 2009 por el Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag.
La entidad aumentó en más de 10 veces sus ingresos desde reparticiones públicas entre 2021 y 2022 (pasó de $316.849.723 a $3.282.841.556 cuando asumió el actual gobierno).
Son cerca de $6 mil millones en convenios con organismos públicos que se adjudicó la fundación ProCultura que están bajo la lupa del Ministerio Público.
Dos fiscales apartados de la investigación
En junio de 2024, con Palma vinculado al caso Audio, por revelaciones de contactos inapropiados con Luis Hermosilla, el fiscal nacional, Ángel Valencia, determinó el traspaso de la causa a otro persecutor.
Palma fue formalizado por revelar secretos de una causa por ley de drogas al cuestionado abogado.
En mayo de 2025, Valencia decidió sustituirlo ante un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegal la intervención del teléfono de la psiquiatra Josefina Huneeus, expareja de Larraín.
En ese “pinchazo” se habría accedido a una conversación entre la psiquiatra y el Presidente Gabriel Boric que levantó sospechas ante un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2021.
También fue indagada y terminó figurando como testigo la expareja de Boric, Irina Karamanos, que alcanzó a trabajar de forma remunerada en la fundación.
Las figuras políticas involucradas y los “pinchados”
En el transcurso de la indagatoria, el Ministerio Público ha solicitado autorizaciones de escuchas telefónicas de 80 personas.
Además de los funcionarios de ProCultura, se pidió “pinchar” el celular de Cristi, de su tía Verónica Serrano, que fue jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios, del exgobernador del Biobío Rodrigo Díaz, del gobernador de Magallanes Jorge Flies, del de Ñuble, Óscar Crisóstomo, y el de Valparaíso Rodrigo Mundaca, entre otros políticos.
También, figuró como sujeto de interés el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, queestuvo en el listado de “alerta” por eventuales salidas del país que pidió la Fiscalía a PDI.
El imputado Orrego y las sospechas por el programa Quédate
Se le formalizó por fraude al fisco junto a María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE; y Gabriel Prado, que fue contratado por el GORE para contactar con la fundación.
El gobernador Claudio Orrego figura como imputado y se solicitó su desafuero.
El ente persecutor estima que el contrato se concretó por la cercanía entre Larraín y Orrego.