ProCultura: Defensa de Alberto Larraín cuestiona tipificación de los delitos
La instancia en el Séptimo Juzgado de Garantía inició con los alegatos de las defensas, donde la Fiscalía pide la prisión preventiva para cuatro imputados, entre ellos Alberto Larraín, psiquiatra y exdirector ejecutivo de ProCultura, y otros altos mandos de la fundación y del GORE Metropolitano.
La primera defensa en hacer uso de la palabra fue la de Larraín, que busca desacreditar los delitos que se le imputan, acusando que son difusos, entre otras, porque sigue abierto el debate sobre si su representado era o no funcionario público.
El querellantePaulo Tolosa, abogado de la UDI, señaló que "Alberto Larraín tiene la calidad de funcionario público. Así se ha señalado. Ahora, si uno ve administrativamente, quizás no, pero en materia penal y tal como lo han ratificado los convenios internacionales, tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, la calidad de funcionario público se tiene desde el momento que tú prestas servicios, ya sea en forma permanente o parcial, ya sea que tú recibas honorarios o sea ad honorem."
"No es la misma calificación que se tiene para efectos de materia del derecho administrativo", reparó.
Estrategia de trayectoria
Los abogados de los acusados han hecho hincapié en que ProCultura poseía más de una década de trayectoria y que solo el 7% de sus proyectos han sido cuestionados, revelando incluso que, tras el estallido del caso Convenios, el Ejecutivo llamó a la calma a diversas fundaciones asegurando que no todas operaban de la misma forma.
Cuestionamiento a pruebas
Por su parte, la defensa de la socióloga María Teresa Abusleme defendió la capacidad técnica de su representada para ejecutar el programa de prevención del suicidio. Ante la teoría de la Fiscalía de que Procultura carecía de competencias en el área, su abogado la describió como una "eminencia" y experta en políticas públicas de cuidado.
Con este argumento, la defensa busca demostrar que la adjudicación de los fondos no fue arbitraria o "a dedo", sino que se basó en el prestigio y los conocimientos de los profesionales que integrarían el equipo ejecutor.
La audiencia continuará esta jornada y se estima que podría extenderse hasta el jueves.