Caso ProCultura: Tribunal rechazó imponer prisión preventiva a Alberto Larraín
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la Fiscalía de imponer prisión preventiva al psiquiatra Alberto Larraín, principal imputado en el caso ProCultura.
Esta noche de martes, al cabo de la cuarta jornada de presentación de cargos, el juez de garantía Patricio Álvarez resolvió dejarlo sometido sólo al arraigo nacional (prohibición de salir de Chile).
Misma medida cautelar resolvió para las imputadas María Constanza Gómez (exrepresentante legal de ProCultura), María Teresa Abusleme (directora deEstudios de la fundación) y Evelyn Magdaleno (exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Metropolitano); mientras que a un quinto formalizado, Gabriel Prado (pareja de Abusleme), se le impuso previamente el arresto domiciliario total.
El magistrado estimó que no existen antecedentes concluyentes de un concierto entre los acusados para defraudar al fisco, y tampoco consideró que su libertad represente un peligro para la seguridad de la sociedad.
La argumentación del Ministerio Público se centró en que la fundación ProCultura no tenía las competenciasnecesarias para materializar un convenio como el que suscribió con el GORE y, por ende, no estaba en condiciones de ejecutarlo.
Otra complejidad de la imputación dice relación con la calidad de funcionario público. Al ser ProCultura una entidad de derecho privado, el tribunal indicó que podría haber estafa, apropiación indebida o administración desleal, pero no fraude al fisco, como acusa la Fiscalía.
El resultado de la extensa audiencia fue valorado por el abogado defensor de Alberto Larraín, Cristián Arias: "Es una resolución extremadamente contundente y bien fundada, que destaca que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco o algo similar, de los antecedentes que se expusieron en la audiencia".
Para Arias, esto demuestra que "lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio".
"Lo otro importante es que (la resolución) establece claramente que el proyecto, o los proyectos que en ese momento hacía ProCultura, eran proyectos reales; que... bueno, (tras estallar el caso) no pudieron seguir desarrollándose, pero todos los antecedentes mostraron que no eran proyectos de pantalla", enfatizó el defensor del psiquiatra; en su momento cercano a Gabriel Boric.
El destino de 1.000 millones de pesos
Pese al éxito de las defensas en evitar la cárcel, una interrogante económica persiste en el centro de la investigación: el destino de 1.000 millones de pesos.
De los 1.600 millones asignados originalmente por el GORE Metropolitano, solo 600 millones fueron ejecutados y rendidos adecuadamente.
Alejandro Alegría, defensor de Gómez, evitó profundizar en el paradero de los fondos restantes, señalando que esos detalles son materia propia de la investigación en curso: "No me puedo referir a ellos por guardar íntima relación con lo que se está investigando por parte de la fiscalía", sostuvo el abogado.
Por su parte, la defensa de Magdaleno fue enfática en desvincular a su representada de cualquier manejo irregular del dinero. La abogada Javiera Corbalán argumentó que "ella actuó dentro de las esferas de su competencia (...) Lo que pasó o no pasó con el dinero no es competencia de ella, eso quedó acreditado, le pueden preguntar a los demás defensores qué pasó con esa plata, pero, efectivamente, el proyecto se ejecutó, se ejecutó en una parte hasta que empezaron algunos incumplimientos que no son, en ningún caso, atribuibles a responsabilidad de mi representada".
Fiscalía apelará
La salida de la sala del fiscal Cristian Aguilar fue silenciosa. El persecutor, que lidera la investigación desde Antofagasta, se retiró sin entregar declaraciones directas a la prensa tras ver rechazadas todas sus solicitudes de máxima cautelar.
El tribunal dio un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, y se prevé que la Fiscalía apele tras el revés de esta noche.