“Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

Los nuevos Objetivos Ministeriales y Compromisos Programáticos del Ministerio de Educación de Chile, liderado por María Paz Arzola, presentan un cambio drástico en comparación con la gestión anterior de Nicolás Cataldo durante el gobierno de Gabriel Boric. Este nuevo enfoque, que se extiende desde 2026 hasta 2030, se ha dado a conocer a través de la plataforma de Acceso Restringido de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y establece una hoja de ruta con prioridades significativamente distintas a las de la administración anterior. Entre los nuevos compromisos programáticos se encuentran la "libertad de elección y fin de la tómbola", la "libertad de proyectos educativos", "autonomía y liderazgo escolar", "mérito y calidad en la admisión" y "tolerancia cero" en materia de seguridad y convivencia escolar. Estos objetivos contrastan con los de la gestión de Cataldo, que se enfocaban en fortalecer la educación pública, implementar políticas de convivencia educativa y promover la integración cultural y de género en las comunidades educativas. El nuevo enfoque del Mineduc busca garantizar el derecho de las familias a elegir proyectos educativos que se alineen con sus valores y necesidades, promoviendo procesos de admisión transparentes y sin burocracia. También se pretende ampliar el acceso a establecimientos de alto rendimiento académico mediante criterios de admisión que reconozcan el esfuerzo de los estudiantes y sus familias. En cuanto a la convivencia escolar, el ministerio se compromete a crear entornos seguros y libres de violencia, respaldado por la propuesta de dos proyectos de ley que buscan endurecer las penas y establecer medidas de control en el ámbito escolar. Además, se plantea la ampliación de la cobertura de educación inicial y sala cuna universal, un tema que ha generado tensiones entre el oficialismo y la oposición. Otros compromisos incluyen un Plan Nacional de Alfabetización y Aprendizaje, la desburocratización de la gestión educativa, y mejoras en la sostenibilidad del financiamiento de la educación superior, buscando una mejor alineación con el mercado laboral. Los organismos públicos deberán ahora ajustar sus misiones y objetivos estratégicos para alinearse con estas nuevas directrices, lo que podría presentar desafíos en la implementación, especialmente para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que deben coordinar sus definiciones con múltiples marcos normativos existentes.