Bolivia decreta "emergencia energética y social" por la crisis económica y escasez de combustibles

El Ejecutivo boliviano aprobó el decreto 5517 en el que entre sus primeros artículos “declara la emergencia energética y social” en todo el territorio nacional “ante el proceso inflacionario que vive el país, y la escasez de dólares y combustibles”.

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”, señala la norma.

Bolivia declara emergencia nacional por la crisis económica

En consideración de la “extrema situación de déficit en el abastecimiento”, la norma dispone la suspensión del diésel de la lista de sustancias controladas “con el fin de garantizar el abastecimiento continuo y oportuno de combustibles para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país”.

Estas medidas adoptadas por el Gobierno boliviano “tienen carácter excepcional, temporal e inmediato”.

Conflicto con sindicatos

La declaratoria de emergencia energética y social se da un día después de que el Gobierno de Rodrigo Paz y sindicatos de obreros y campesinos dieron por resuelto el conflicto con la emisión de un nuevo decreto que ratificó el retiro de la subvención de los combustibles y eliminó otras disposiciones que habían sido rechazas por esos sectores.

El decreto 5516, recién aprobado, reflejó los acuerdos logrados entre las autoridades y la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, que permitieron el cese de protestas y el levantamiento de los bloqueos de carreteras que realizaron los sindicatos contra el decreto 5503 que en diciembre retiró la subvención de los carburantes.

Los sindicatos también cuestionaban el decreto 5503 al considerar que abría la posibilidad de la venta de los recursos naturales y las empresas estatales de Bolivia a capitales extranjeros, algo que el Gobierno negó.